El dictamen emitido en la Comisión de Salud es para derogar el decreto 684, en donde se ampara la continuación de manera ilegal a las aún autoridades de las diferentes Juntas de Vigilancia que tenían que finalizar sus cargos en diciembre del año 2020.
Hoy, los profesionales elegidos en 2020 para formar parte del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) comienzan a ver el inicio de justicia a su favor, luego de que por mayoría los diputados de la Comisión de Salud dictaminaran favorablemente para derogar el decreto 684, en donde se ampara la continuación de manera irresponsable e ilegal a las actuales autoridades.
A iniciativa de los legisladores de Nuevas Ideas, que conforman esa junta de trabajo, la eliminación de ese decreto fue colocado en la mesa para discutir ese planteamiento.
El CSSP es una corporación de Derecho Público con capacidad jurídica para contraer derechos y adquirir obligaciones e intervenir en juicios y tanto él como las Juntas de Vigilancia gozarán de autonomía en sus funciones y resoluciones.
Con la disposición transitoria 684, los diputados anteriores –respaldados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- dejaron sin efecto las elecciones de los representantes del Consejo Superior y Juntas de Vigilancia de las profesiones de la salud del año 2020, mismas que fueron realizadas el 13 de noviembre de ese año.
Al implementar la derogatoria, los representantes elegidos para el consejo y para las juntas de las profesiones de medicina, odontología, médico veterinario y químico y farmacia deberán continuar ejerciendo sus funciones en el periodo que inicia el 1 de enero de 2021 y finaliza el 21 de diciembre de 2022.
Además, Nuevas Ideas solicita el desarrollo de las elecciones para los representantes de las profesiones de laboratorio clínico, psicología y enfermería.
“Sabemos que la anterior asamblea no quiso escuchar al Ministerio de Salud. Todos los profesionales que participaron el año pasado para la elección de la Junta de Vigilancia lamentaron que no les permitieran ejercer sus cargos”, comentó el diputado José Urbina.
El origen del nacimiento del decreto fue porque los pasados diputados argumentaron que la prórroga fue por el alto riesgo de exposición al contagio del Covid-19 y que las personas se expondrían en el proceso de elección de sus aspirantes a los cargos.
De igual manera, las elecciones se llevaron a cabo el 13 de noviembre del año pasado –bajo medidas de bioseguridad pertinentes- y por ende las diferentes ramas de la salud sí eligieron a sus representantes, a quienes se les negó el derecho de ejercer el cargo correspondiente.
Si el pleno legislativo decide derogar el decreto transitorio, entonces la CSJ tendrá que tomar una decisión referente al caso.
Comisión escucha argumentos del MINSAL
Para poder entender el tema, la comisión recibió al viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, quien indicó que acudió al llamado de los diputados para poder determinar el punto de vista del Ministerio de Salud (MINSAL).
“Desde nuestra perspectiva le dimos seguimiento a todo el proceso legítimo, consignado en las normativas establecidas”, comentó el funcionario, quien calificó como “normal” todo el proceso de elección.
De acuerdo al representante del MINSAL, hubo una recepción de documentación, una inscripción de candidatos, la formación de planillas, la propaganda de candidatos y la ejecución del voto como debió ser el procedimiento.
“Se desarrolló de manera normal, bajo un contexto factible sanitariamente hablando y no había un aspecto legal que las prohibiera. La condición de la pandemia lo permitió por las normas de bioseguridad”, aseguró Alvarenga.
Además, el MINSAL sostiene que hubo una incongruencia por parte de la Corte, al brindar un fallo que no estuvo a tiempo, porque fue emitida luego de ejecutadas las elecciones.
“Los gremios no fueron tomados en cuenta ni fueron informados sobre el periodo ampliado de los funcionarios del concejo. La Corte dio su valoración después de los resultados de las elecciones de los miembros del CSSP”, denunció Alvarenga. “(La Corte) anuló el proceso de elecciones que fueron legales”, agregó.
Una disposición transitoria vetada
El 9 de julio de 2020, la anterior legislatura aprobó una disposición transitoria para prorrogar las funciones de los representantes del Consejo Superior de Salud Pública y de las juntas de vigilancia, bajo el decreto número 684.
11 días después, el Presidente de la República, Nayib Bukele, vetó por inconstitucionalidad ese decreto legislativo. Pese a ello, la pasada Comisión de Salud dictaminó favorablemente ante este recurso, por lo que fue aprobado en el pleno.
El mandatario apeló ante la CSJ por la vulneración a los artículos 1.2.85, 86 y 135 de la Constitución de la República.
Luego de realizadas las elecciones y obtener los resultados de los nuevos representantes del consejo y juntas directivas de los médicos, odontólogos, médicos veterinarios y químicos y farmacéuticos, la CSJ determinó que el decreto transitorio era constitucional.