Con la lectura de los cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal se inició el proceso de antejuicio contra el diputado de Arena del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Norman Quijano. Durante el proceso, si la Comisión Especial establece que con las pruebas que presentó la Fiscalía se establece hay lugar a formación de causa, se le retirará el fuero constitucional para que sea juzgado en los tribunales comunes.
El trabajo de la Comisión Especial de Antejuicio dio inicio con la extensa lectura que hicieran los fiscales nombrados en el proceso legislativo Marcela Pineda, Walter Coto y Rebeca Santos, quienes señalaron que dentro de las investigaciones que presentó el Ministerio Público se expone que Jorge Velado, expresidente de Arena, estaba enterado de las negociaciones, al igual que Paolo Luers, Raúl Mijango, el ex alcalde de Ilopango, Salvador Ruano; y Ernesto Muyshondt como mediadores con los pandilleros.
“El dinero no será problema, si nos hacen el milagro, tendrán en nosotros a más que un aliado», habría dicho Velado a los pandilleros, a través de una llamada telefónica, según la lectura del requerimiento que hicieron los acusadores; además, Quijano supuestamente afirmó que el Coena les había dado luz verde para negociar.
Los delitos por los que está siendo acusado Norman Quijano se cometieron, presuntamente, después de negociar grupos de pandilla para lograr apoyo durante las elecciones en las que fue candidato a la presidencia en 2014.
La diputada y fiscal legislativa, Marcela Pineda, afirmó que existió un pacto entre las pandillas y Arena para ocupar dinero del Presupuesto General del Estados para disminuir homicidios y utilizar cuarteles militares para darles beneficio a los pandilleros. El pacto permitía que se dieran 2 homicidios diarios de salvadoreños, afirmó la fiscal.
La parte acusadora persigue dentro del proceso que Norman Quijano sea citado y acuda a la comisión o, en su defecto, a un representante que lo defienda. En algún momento de la investigación pueden surgir otras personas que pudieron haber cometido un delito, por lo que se pondría aviso en la fiscalía.